La Región de Murcia es la primera comunidad autónoma en contar con una legislación propia sobre ocupación de viviendas. El Consejo de Gobierno aprobó este jueves 15 de octubre de 2020, el decreto ley para atajar este problema, pues el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, asegura que la Comunidad castigara  la ocupación de viviendas sociales con multas de hasta 90.000 euros

El consejero informa que este año, se ha producido un incremento del 20% de las denuncias de propietarios por viviendas allanadas, pasando de 147 en el primer semestre de 2019 a 176 en los seis primeros meses de este año. Según Díez de Revenga, hay 1.078 viviendas ocupadas en la Región, de las cuales un centenar son del parque público de la Comunidad, destinadas a familias necesitadas.

El decreto, que se tramitará en la Asamblea como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas, establece un estricto régimen sancionador, que contempla multas de entre 15.001 y 90.000 euros por ocupación de viviendas sociales, que son las únicas sobre las que la Comunidad tiene competencias para legislar, aclaró el consejero. No entran por tanto las casas de los bancos o de propietarios particulares. Asimismo, las organizaciones que inciten a la ocupación de viviendas corren a partir de ahora el riesgo de enfrentarse a sanciones de hasta 15.000 euros.

Además, el decreto-ley contempla la creación de un canal de denuncias anónimo y establece la obligación de que las empresas de suministros se aseguren de que los solicitantes son los inquilinos legales de la casa antes de hacerle llegar el servicio. También se establece el imperativo a las administraciones locales para que informen a la Comunidad si detectan casos de ocupación ilegal en sus municipios.

José Ramón Díez de Revenga asegura que son las organizaciones delictivas y las mafias de ámbito nacional las que están detrás del incremento de denuncias por ocupación en la Región. «El porcentaje de familias necesitadas que ocupan las casas es muy residual», arma. El consejero asegura que cien viviendas sociales de la Comunidad han sido usurpadas y el Gobierno regional se ha encontrado con una carrera de obstáculos legales para proceder al desalojo. «Estamos ante un atentado democrático, contra el artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada», subrayó el titular de Fomento.

En Masercon Administracion de Fincas, nos congratulamos de esta medida, que esperamos sea el comienzo de esta injustica sobre la propiedad privada y que los distintos gobiernos nacionales habidos desde la crisis financiera de 2009, no han querido ni sabido afrontar  las amargas quejas de los propietarios de las viviendas ocupadas asi como de los vecinos que han venido sufriendo las tropelias de estos individuos.